El sistema acusatorio entrará en vigencia en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná el 30 de noviembre
El Ministerio de Justicia estableció que el próximo 30 de noviembre entrará en vigencia el Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que comprende la totalidad de la provincia de Entre Ríos.
La incorporación de Paraná al cronograma constituye una importante etapa en el proceso de implementación progresiva del sistema acusatorio puro que lleva adelante el Ministerio de Justicia en el territorio nacional.
La jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná cuenta con sedes en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria.
Entre Ríos tiene una relevancia estratégica por su ubicación geográfica, su frontera con la República Oriental del Uruguay, sus tres pasos fronterizos terrestres y ocho fluviales, características que plantean desafíos específicos para la investigación y persecución de delitos federales y transfronterizos.
El Ministerio de Justicia coordinará las acciones preparatorias necesarias para adecuar las estructuras y capacidades existentes a las exigencias del sistema acusatorio, oral y adversarial.
El proceso comprenderá el relevamiento de las necesidades de infraestructura, tecnología y recursos humanos para la puesta en funcionamiento del CPPF.
También se desarrollarán capacitaciones destinadas a magistrados, funcionarios y equipos técnicos para acompañar la transición.
Las actividades incluirán simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa, sobre la base de la experiencia adquirida en las jurisdicciones donde el sistema acusatorio ya se encuentra vigente.
Actualmente, el sistema acusatorio se encuentra vigente en diez distritos federales, que comprenden 16 provincias y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
El próximo 21 de septiembre entrará en vigencia en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; el 15 de febrero de 2027 hará lo propio en los fueros federal y penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, el 8 de marzo, en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
El Ministerio de Justicia lleva adelante la implementación en articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.






