El Gobierno impulsa un sistema de subastas electrónicas para vender bienes en desuso del Estado

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la convocatoria a licitación pública para contratar los servicios de organización, gestión y realización de subastas electrónicas e intermediación comercial destinadas a la venta de bienes muebles del Estado Nacional que se encuentren en desuso, en condición de rezago o cuya enajenación haya sido autorizada conforme a la normativa vigente.

Según la Resolución 120/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la contratación tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por un año adicional, y permitirá seleccionar, mediante un proceso competitivo, plataformas electrónicas privadas que prestarán estos servicios para los organismos del Estado Nacional.

La medida da cumplimiento al nuevo marco normativo aprobado este año, que habilitó la utilización de plataformas electrónicas públicas o privadas para la comercialización de bienes estatales.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó: "Durante años el Estado tuvo enormes dificultades para desprenderse de bienes muebles en desuso. Los trámites eran interminables y, mientras los expedientes avanzaban, los bienes seguían perdiendo valor y generando costos de depósito, seguros y mantenimiento. Esta resolución pone en marcha el sistema previsto por el Decreto 195/2025 y permitirá realizar subastas electrónicas a través de plataformas especializadas, un modelo que ya utilizan otros países para hacer más eficiente, transparente y ágil la administración de los bienes públicos."

El nuevo esquema busca optimizar la administración y disposición de los bienes muebles del Estado, ampliar la concurrencia de oferentes, mejorar la transparencia de las operaciones y agilizar los procesos de venta mediante herramientas digitales.

El procedimiento incorpora mecanismos de integridad y control, como la suscripción obligatoria del Pacto de Integridad y la presentación de declaraciones juradas de intereses por parte de los participantes.

Con esta iniciativa, el Gobierno continúa avanzando en la modernización de la administración pública mediante la incorporación de mecanismos digitales y competitivos para la gestión del patrimonio estatal, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos y una mayor transparencia en los procesos de enajenación de bienes.